Toluca, Méx. — Este 1 de octubre fue publicado en Gaceta de Gobierno el Decreto 365 por el que se expide la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como una serie de reformas que dan paso a Transparencia Mexiquense, extinguiendo definitivamente al INFOEM.
Al entrar en vigor el decreto, se establece extinguir al órgano autónomo, puntualizando que sólo conservará su personalidad jurídica para el proceso de liquidación, y se contempla una suspensión de hasta 90 días naturales para trámites, procedimientos y medios de impugnación. Dejando a salvo las solicitudes de información presentadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que estas se deben seguir recibiendo y atendiendo.
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También se da un plazo de 5 días hábiles a la Secretaría de Finanzas para que nombre a una persona representante legal, responsable del proceso de liquidación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en dicho plazo también debe establecerse una Comisión Transitoria de Transferencia que permanecerá en funciones por lo menos 6 meses.
A la par, en ese tiempo el INFOEM debe entregar una relación de la plantilla de su personal en donde incluya su relación laboral, modalidad, salario y antigüedad, mientras que la Comisión Transitoria deberá establecer los lineamientos para la contratación, continuidad o en su caso, liquidación, del personal, respetando sus derechos laborales.
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En el artículo séptimo transitorio del decreto se precisa que los recursos materiales y financieros, incluidos los bienes inmuebles del Instituto serán transferidos a la Secretaría de la Contraloría, dentro de los 20 días hábiles siguientes.
Y en un plazo de 180 días naturales la gobernadora tendrá que emitir el Reglamento Interior de Transparencia Mexiquense para comenzar a operar, siendo un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría que absorberá las funciones del ente extinto.
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