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Toluca, Méx. — Acorde con la nueva política del Gobierno de México y para homologar las leyes con la Constitución Federal, Morena ha planteado una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para dar paso a la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio (INFOEM).
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La propuesta presentada por la diputada Elena García Martínez formula reformar el artículo 5 para establecer que los Órganos de Control Interno de los sujetos obligados serán quienes se encarguen de garantizar el derecho a la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y señala que la Contraloría del Estado establecerá criterios complementarios a lo establecido en la ley.
Se deroga todo lo relacionado a la integración y funcionamiento del INFOEM con miras a una simplificación administrativa, deroga lo relativo a la facultad de iniciar leyes de este Instituto y el nombramiento de los Comisionados, y elimina la referencia al INFOEM de quienes integran el Sistema Estatal Anticorrupción.
De aprobarse la reforma, el Estado de México se unirá a otras entidades que ya han presentado o aprobado modificaciones a sus constituciones al extinguir sus respectivos institutos de transparencia, como: Durango, Quintana Roo y Tabasco, los cuales ya publicaron sus respectivas reformas, o Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, donde se tienen iniciativas presentadas en el Congreso.
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Al extinguir el INFOEM no se está coartando de ninguna forma el ejercicio pleno de las y los mexiquenses del derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, por el contrario, lo que se busca es fortalecer este derecho, pero bajo una visión de eficiencia administrativa y optimización de recursos públicos
García Martínez
Se indicó que al eliminar una estructura burocrática onerosa y centrar esta función en los Órganos de Control Interno de los sujetos obligados, se reducen gastos operativos, se evita la duplicidad de funciones y se da paso a una mejor coordinación de las políticas en esta materia.
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