Toluca, Méx.- Con respaldo de la mayoría de los Grupos Parlamentarios, las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, y Seguridad Pública y Tránsito, avalaron la iniciativa del Ejecutivo para fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas.
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Con la propuesta también se refuerza las capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado, y se establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como la obligación de permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías, exclusivamente para estos fines.
Además, plantea el acceso de las fiscalías y comisiones de búsqueda a la Plataforma Única de Identidad; la creación y difusión obligatoria de una ficha técnica de búsqueda de alcance masivo y garantizar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares cuente con recursos, estructura y unidades multidisciplinarias, bajo esquemas de coordinación entre la Federación, el estado y los municipios.
Durante su análisis, la diputada Ruth Salinas Reyes señaló que hasta mayo de 2025 se tenía el registro de 128 mil 064 personas desaparecidas en el país, situándose el Estado de México entre las primeras cinco entidades con mayores casos; sin embargo, indicó que la Red Lupa posiciona a la entidad en un nivel extraordinario de gravedad, con un total de 13 mil 982 personas desaparecidas, siendo Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan quienes encabezan la lista de municipios con mayores casos de desapariciones.
Si bien, los parlamentarios resaltaron la importancia y relevancia de la propuesta, mostraron su preocupación ante un posible mal uso de los datos biométricos de las personas desaparecidas, solicitando poner candados de seguridad.
En ese sentido, propusieron que exista un registro de personas servidoras públicas que tengan acceso a registros y bases de datos; sistemas de información que contengan datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de las personas para que en el caso de que exista un mal uso de la información, se pueda saber con precisión quién es el responsable; y sancionar a servidores que no tengan sensibilidad para con las víctimas.
Al respecto, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial 'Gaceta de Gobierno' comentó que no corresponde al Estado regular la Plataforma Única de Identidad. "La iniciativa busca utilizar todos los medios al alcance para tratar de coordinar, colaborar y tener información más clara, precisa e inmediata en el tema de desapariciones y búsqueda de personas. Operará la Plataforma Única de Identidad, se conjuntarán las alertas y la utilización de datos biométricos para que se dé de manera más rápida y eficiente la localización de personas", comentó.
Lo aprobado también contempla que los centros residenciales de atención a las adicciones, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias, tanto públicos como privados, deban contar con registros completos y actualizados de los datos biométricos que recaben y permitir su consulta a las autoridades, y se impone la obligación a todas las instituciones públicas o privadas que tengan bajo su resguardo cuerpos o restos humanos de llevar registros forenses sistematizados y actualizados, permitir su interconexión y remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses, así como facilitar su consulta a las autoridades.
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