Toluca, Méx. La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció el cambio en la política de atención de accidentes viales, en los que esté relacionado el transporte público, transitando de acciones administrativas a las de tipo penal.
En conferencia de prensa Daniel Sibaja, titular de la dependencia, expuso que esta determinación es impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, preocupada por la seguridad de las familias, con lo cual buscan poner freno a la impunidad que por años ha predominado en este sector.
“La gobernadora ha decidido dar un paso todavía más adelante con el único objetivo de cuidar la vida de las y los mexiquenses”, expresó.
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El problema, dijo, no es menor, pues a la fecha se han retirado cuatro concesiones de transporte público, por temas directamente relacionados con accidentes fatales (hechos todavía en proceso) mientras que otras 16 están bajo investigación por hechos relacionados con conducción bajo el influjo del alcohol, acoso sexual, uso de menores de edad como operadores, y participación en carreras, entre otros.
A la par han presentado 13 querellas ante la Fiscalía General de Justicia por hechos en los que las unidades operaban sin concesión o sin placas.
“No vamos a permitir que, tras un accidente, los responsables se den a la fuga o escondan al chofer y al vehículo, eso ya no va a pasar, vamos a denunciar penalmente a quienes incurran en esas prácticas”, expuso.
En este sentido precisó que las sanciones penales procederán en aquellos casos donde se acredite la operación sin concesión o cuando las unidades estén involucradas en hechos graves.
“Cuando advertimos que no hay concesión vigente, nos vamos directamente por la vía penal, conforme al artículo 148 del Código Penal del Estado de México”, explicó.
El secretario enfatizó que el gobierno no está actuando con autoritarismo, sino con apego al debido proceso pues en cada caso darán seguimiento al procedimiento administrativo y legal con los derechos de cada parte
“Si el compañero transportista dice ‘cometí un error, me dormí’, también hay proceso y hay Estado de derecho”, apuntó.
Argumentó a favor de esta nueva política al exponer la magnitud del operativo de regularización que se lleva a cabo en el Estado de México el cual, dijo, ha evidenciado los vicios y deficiencias en las calles de los operadores.
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Detalló que desde el inicio de la actual administración se han realizado dos mil 491 operativos de inspección en las distintas zonas de la entidad. Estos operativos han derivado en 32 procedimientos administrativos, distribuidos de la siguiente manera: 10 en la zona 1 valle de México. 8 en la zona 2 y 1 en la zona 3 valle de Toluca, tan solo de esta medida hasta el 33% de los operadores regularizaron su situación mediante la obtención de licencias y seguros, es decir estaban en falta.
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