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Toluca, Méx. Solo 13 municipios del Estado de México lograron un cumplimiento superior al 60 por ciento en la aplicación de la Ley de Justicia Cívica local que establece la obligación de garantizar un trato digno, acceso a servicios adecuados y procedimientos justos y legales para las personas infractoras, informó la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem)
La Codhem identificó prácticas que podrían vulnerar derechos, especialmente en casos donde no existen protocolos de trato diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad como: niñas, niños y adolescentes, personas indígenas y miembros de la comunidad LGBTTTI+.
Añadió que hay una brecha importante en la adecuación normativa a nivel municipal, detectaron deficiencias en infraestructura, falta de personal capacitado y escasos mecanismos para proteger la salud de las personas detenidas, esto entre septiembre de 2023 y mayo de 2024.
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Los municipios mejor evaluados
Entre los mejor evaluados se encuentra Tecámac que logró 83 por ciento, Atizapán de Zaragoza con 75 por ciento, Lerma con 69 por ciento, Otumba con 68 por ciento, Aculco con 66 por ciento, Chiautla con 65 por ciento, Acambay con 62 por ciento, entre otros.
El municipio que menos cumple con esta ley es Malinalco con un 4.3 por ciento, le siguen Jaltenco, Ixtapan del Oro, Acolman, Teotihuacán, San Simón de Guerrero, Atizapán, Capulhuac, Mexicaltzingo y Tonanitla, todos con menos de 10 por ciento de cumplimiento.
En la lista publicada en la página oficial de la Comisión, también aparecen con baja puntuación Zinacantepec y Xonacatlán con 13 por ciento, Almoloya de Juárez con 14 por ciento, Tenancingo con 15 por ciento, Metepec con 18 por ciento, Cuautitlán con 19 por ciento, Luvianos con 21 por ciento, Atlacomulco con 34 por ciento.
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Los que menos cumplen con la ley son los síndicos, seguidos por médicos, jueces y finalmente por policías, quienes tienen una evaluación entre 27 por ciento y 51.38 por ciento, de acuerdo a los resultados de la Codhem.
Cabe señalar que, los indicadores que evaluaron fueron protección de la salud, estancia digna y segura, seguridad jurídica y debido procedimiento, así como derecho a la integridad personal.
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