Toluca, Méx. - En el marco de la instalación del Comité de Ética 2025-2026 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), el titular del Órgano Interno de Control, Everardo Camacho Rosales evidenció que durante el presente año el presidente del tribunal, Gerardo Becker Ania no acudió a ninguna sesión del comité, pero busca imponer a quien actuará como autoridad investigadora del OIC.
"Un liderazgo que no acompaña a su gente en los momentos que define la cultura organizacional de una institución, es un liderazgo que le da la espalda a la dignidad en el servicio público. Hoy solicitó a los nuevos integrantes del Comité de Ética que su compromiso no dependa de la validación de una presidencia ausente sino de su compromiso con la ciudadanía y la justicia", exclamó durante la sesión de instalación.
El Comité de Ética es el órgano encargado de promover, vigilar y consolidar los principios de integridad, legalidad y responsabilidad en el desempeño de las funciones jurisdiccionales y administrativas.

En este sentido, Everardo Camacho agregó "Que sea este órgano interno de control en conjunto con ustedes quienes mantengan viva la llama de la integridad que otros han decidido apagar o ignorar, los invito a trabajar con la seriedad que este tribunal merece, demostrando que la integridad en esta casa de la justicia es un pilar invaluable, independiente de la voluntad o el interés personal de cualquiera".
Por otra parte, sostuvo que, si bien la presidencia del TRIJAEM tiene la facultad de nombrar al personal administrativo y jurisdiccional, aclaró que cuando se trata del órgano interno de control se debe de tomar en cuenta el marco constitucional del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, "por lo que no resulta procedente ni ético que el presidente pretenda imponer a quien debe de actuar como autoridad investigadora", dijo.

Lo anterior puesto que el OIC tiene investigaciones en curso derivadas de denuncias en donde podría tener algún interés, de ahí que una designación forzada vulneraría la autonomía de gestión y enviaría un mensaje de simulación desgastando la confianza ciudadana.
"Ello anula la imparcialidad necesaria para que los procesos de fiscalización, investigación, y sanción tengan una verdadera validez jurídica, por ello invitamos a la reflexión antes de ejecutar decisiones que puedan interpretarse como una imposición, actuar con cautela y respeto a la ley".
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