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Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó al Congreso Local una iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, con la cual se busca regular los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas interinstitucionales que las autoridades deben implementar para investigar, perseguir, y erradicar este delito.
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La propuesta refiere que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2019 al 2025 se registró un incremento de 20.8% en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, ubicando al Estado de México entre las cuatro entidades federativas donde se concentra el 57.8% de la comisión de este delito, siendo considerado ya como un delito de alto impacto.
Para combatirlo, se propuso alinearse a la política nacional, y actualizar y reforzar el marco normativo de la entidad mexiquense, lo que implica, entre otros aspectos, la derogación del delito de extorsión previsto en el artículo 266 del Código Penal del Estado de México, así como la expedición de una ley estatal que regule la prevención, persecución y sanción del delito.
"Lo anterior a partir de que el Congreso de la Unión adquirió la facultad exclusiva para legislar en materia de tipificación penal de la extorsión, en este contexto las entidades federativas únicamente están facultadas para armonizar su legislación y regular aspectos de coordinación, prevención y persecución, pero no para crear, reproducir o ampliar los tipos penales", señala el documento.
La propuesta de ley contendría siete Capítulos y 35 artículos, dentro de los que se establecería la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados como un órgano colegiado permanente que permita la concertación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia.
Dicho Consejo fungiría como instancia de planeación estratégica, vinculación interinstitucional y rendición de cuentas, asegurando que las acciones de prevención, atención y combate a la extorsión se desarrollen de manera coherente, transversal y alineada con la Estrategia Nacional, contemplando la participación de gobiernos municipales y el acompañamiento de sectores sociales y académicos.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad estatal deberá integrar e implementar una Estrategia Estatal en la materia y contará con un Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, siendo estos ejes operativos fundamentales para inhibir la comisión del delito, reducir la cifra negra y generar condiciones de confianza institucional.
Y prevé que se cree la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro.
La iniciativa fue presentada ante la Diputación Permanente, siendo turnada a la comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictamen.
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