Defensoría Pública del Edomex autoriza usar Fondo de Reparación del Daño para liberar a 10 internos

Toluca, Méx.- El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México informó que 10 personas privadas de la libertad recibirán apoyos del Fondo de Reparación del Daño, con lo cual podrán cubrir los montos económicos determinados por la autoridad jurisdiccional como reparación del daño a las víctimas y acceder con ello a beneficios jurídicos como la libertad anticipada, la libertad condicionada y amnistías.

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Durante la Primera Sesión Ordinaria del Fondo de Reparación del Daño del IDP, organismo adscrito a la Consejería Jurídica estatal, se aprobaron solicitudes para ser beneficiarios del esquema, precisando que los recursos autorizados ascienden a 756 mil 85 pesos.

“El Fondo de Reparación del Daño representa una herramienta fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia de personas privadas de la libertad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y que, aun cumpliendo con los requisitos legales para acceder a beneficios jurídicos, enfrentan una barrera económica para cubrir la reparación del daño determinada por la autoridad jurisdiccional”, explicó José Carlos Neira Cruz, encargado del Despacho del IDP.

Indicó que el monto máximo al que puede acceder una persona a través del Fondo es de 300 mil pesos y para aprobar las solicitudes, el Comité Técnico revisa cada caso de manera responsable, técnica y transparente, con el propósito de garantizar el derecho de las víctimas a recibir la reparación del daño determinada por la autoridad jurisdiccional.

Para este año, el Congreso Local avaló un monto de 15 millones de pesos para la operatividad del Fondo, permitiendo acceder al apoyo a PPL que no cuenten con los recursos necesarios para efectuar el pago de la reparación del daño o bien, que carezcan de una red de apoyo familiar.

De acuerdo con los lineamientos, no son sujetos de los beneficios quienes hayan sido sentenciados por delitos que atentan contra la libertad sexual, trata de personas, la vida e integridad contra menores de edad, delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada, privación de libertad, feminicidio, violencia familiar, fraude, abuso de autoridad, abuso de confianza y de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

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