Toluca, Méx. - Durante la etapa de cuestionamientos, diputados locales pidieron al secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez referir cuánto ha aplicado de recurso el Estado para rehabilitar las vialidades y qué ha hecho para hacer que se cumplan los contratos de los esquemas APP (Asociación Público-Privada) y PPS (Proyecto de Prestación de Servicios), mismos que fueron heredados, pero que se han convertido en un problema jurídico financiero.
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La postura de las fracciones parlamentarias de la oposición fue el siguiente: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó la existencia de un subejercicio de más de 8 mil millones de pesos; Movimiento Ciudadano (MC) planteó que se recurra al crédito para resolver el tema de baches con concreto hidráulico; Acción Nacional (PAN) criticó la utilización de recursos para otros temas y no para atender crisis hídricas o los baches; y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió mayor transparencia en los recursos recaudados.
En tanto, los partidos de la coalición reconocieron la disciplina financiera y de transparencia con el que se conduce la dependencia. Partido del Trabajo (PT) también criticó el mal estado de las vialidades y señaló que tan sólo bajo el esquema de APP se encuentran 56 vialidades principales de todo el estado, de las cuales sólo se atienden ocho, siendo que de la mayoría ha concluido su vida útil; el Partido Verde Ecologista de México pidió al funcionario conocer en qué consiste en Plan Integral Oriente y cuál será su impacto y Morena cuestionó sobre la posibilidad de generar nuevos estímulos fiscales para sectores como el empresarial.
De manera general, también las y los legisladores cuestionaron sobre temas de salud y deuda pública.
En respuesta a los cuestionamientos, Óscar Flores precisó que actualmente el saldo de la deuda pública es de 62 mil millones de pesos; sobre los esquemas APP y PSS indicó que se tiene un presupuesto autorizado de 5 mil 846 millones para el pago de obligaciones contractuales de ambos esquemas, llevando ejercidos el 48% de los recursos.
Sobre el ISSEMyM, aseguró que la situación del instituto no es nueva, accidental ni menor, es una crisis estructural que se ha incubado durante años y se ha postergado, por lo que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha comenzado a tomar decisiones integrales y no parciales para diferir el problema.
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El funcionario refirió el escenario actual del Instituto, afirmando que hoy en día sufre una grave insolvencia frente a sus derechohabientes, un modelo de financiamiento insostenible, riesgo real de interrupciones en los servicios médicos y de seguridad social, y una presión judicial creciente hacia servidores imposibilitados de cumplir con sus obligaciones institucionales.
Esta administración no va a evadir el problema ni va a optar por simulaciones, vamos a actuar bajo tres principios rectores que son; honestidad, justicia social y responsabilidad fiscal
dijo
Respecto a qué acciones se tomarán para rescatar al ISSEMyM, indicó que se garantizará la continuidad del servicio médico sin interrupciones; se emprenderán estrategias legales para evitar sanciones injustas a servidores públicos; se han actualizado estudios actuariales y financieros con visión de sostenibilidad; se diseñaron reformas fiscales, administrativas y estructurales orientadas al rescate del institutito; actualmente se está impulsando un nuevo modelo de aportaciones solidarias y progresivas; y una propuesta legislativa para una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social del Estado.
Ningún gobierno puede resolver este reto por sí solo, por eso convocamos a esta Soberanía para revisar y fortalecer las propuestas, a los gremios sindicales para sumarse con responsabilidad, a los medios para informar con veracidad y a la sociedad para comprender que un ISSEMyM sostenible es un estado responsable con un sentido humanista. En conclusión, esto no es una promesa, es una ruta en marcha, es una decisión de estado y eso es hacer justicia financiera con rostro humano
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