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Toluca, Méx.- Por unanimidad, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense, aprobó dos iniciativas; de Morena y PVEM, para reconocer en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la violencia digital, así como establecer medidas para prevenirla y atenderla.
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Durante la reunión de aprobación del decreto, se indicó que este tipo de violencia afecta principalmente a mujeres jóvenes de entre 20 a 29 años al ser las más expuestas al entorno digital, siendo víctimas de acoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, amenazas, extorsión sexual o la difusión de contenidos que buscan humillar, silenciar o intimidar, provocando en ellas la autocensura, el aislamiento y afectaciones psicológicas.
"La iniciativa que hoy se dictamina nace de una convicción clara, que el avance de la tecnología debe de ir acompañado de la protección efectiva de los derechos de las mujeres. Las redes sociales, las plataformas digitales, y los nuevos entornos de comunicación no pueden convertirse en espacios de impunidad donde se vulnere la dignidad, la intimidad y la seguridad de las mujeres", exclamó una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (Morena).

Con lo aprobado en la comisión, se reconoce a la violencia digital como una modalidad que debe ser prevenida, atendida y sancionada por el Estado, y se denomina como tal a la difusión o comercialización de contenidos íntimos sin consentimiento, así como cualquier acción que dañe la privacidad y la dignidad de las mujeres mediante tecnologías de la información, constituyendo una forma real de agresión que provoca afectaciones psicológicas, emocionales y sociales.
También se faculta al Ministerio Público o a la autoridad judicial para ordenar de manera inmediata a plataformas digitales, redes sociales y sitios de internet, la interrupción, bloqueo o eliminación de contenido que vulnere la intimidad de la víctima, garantizando al mismo tiempo la preservación de las pruebas necesarias para investigación correspondiente.
Además, las plataformas deberán inhabilitar el material y notificar al usuario que lo publicó, en cumplimiento de una orden judicial.
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