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Toluca, Méx. Ante el alarmante incremento en las denuncias por despojo de propiedades, el Congreso del Estado de México analiza tres iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y MC para agravar penas, y un punto de acuerdo del PRI.
Actualmente, el despojo en el Código Penal del Estado de México se castiga con uno a cinco años de prisión, pero la Legislatura local reconoce que esto ya no es suficiente. El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, enfatizó la necesidad de que la ciudadanía tenga sus documentos en regla para facilitar las denuncias y que el marco legal se fortalezca. Se espera que estas propuestas puedan ser analizadas incluso en un periodo extraordinario de sesiones, dada la urgencia del tema.
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Propuestas para combatir el despojo
Las iniciativas en análisis contemplan penas significativamente más altas, elevando el despojo a la categoría de delito grave bajo ciertas circunstancias:
- Octavio Martínez Vargas, de Morena: Propone penas de cinco a 10 años de cárcel cuando el despojo sea contra adultos mayores, con violencia, mediante engaños, abuso de confianza o incluso con el uso ilegítimo de la fuerza pública. También busca acelerar la restitución de propiedades.
- José Miguel Gutiérrez Morales, de Morenase: Plantea hasta 17 años de prisión y multas económicas elevadas para quienes dirijan la invasión o sean autores intelectuales. Su iniciativa amplía los supuestos del delito, incluyendo el uso indebido de aguas.
- Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano: Sugiere penas de hasta 25 años de prisión y multas de 500 días cuando el delito afecte viviendas o propiedades de adultos mayores, mujeres, indígenas o personas en situación de vulnerabilidad. También incluye agravantes para servidores públicos involucrados o cuando el despojo se realice en Áreas Naturales Protegidas.
Adicionalmente, la diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, ha propuesto un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México a implementar una estrategia interinstitucional que involucre a los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial. Esta estrategia incluiría campañas informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia, capacitación policial especializada y la creación de una unidad de la Fiscalía dedicada exclusivamente a este delito.
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El consenso entre la mayoría de los grupos parlamentarios subraya la prioridad de este tema, buscando enviar un mensaje claro a quienes lucran con el patrimonio ajeno y garantizar la protección de la propiedad en el Estado de México.
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