Buscan sanciones de hasta 58 años de cárcel por ataques con ácido en el Edomex

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Toluca, Méx. — Se busca que en el Estado de México los ataques con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se sancionen con hasta 58 años y cuatro meses de prisión, y que se establezca la obligación del personal de salud de atender a las víctimas de manera inmediata y prioritaria, además de notificar al Ministerio Público, en un plazo máximo de 24 horas, sobre la atención prestada.

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Si bien la violencia química o ácida ya se sanciona en el Estado de México, actualmente solo se considera una agravante del delito de lesiones, con penas que van de 5 a 10 años de prisión y multas de 100 a 200 días.

La propuesta, presentada por la diputada Nelly Rivera Sánchez, pretende que el Código Penal del Estado contemple un capítulo específico sobre “Violencia Ácida y Ataques con Sustancias Corrosivas”, en el cual se incorporaría el Artículo 240 Bis. Este establecería que comete el delito de violencia ácida quien, por acción directa o a través de otra persona, cause a alguien lesiones, daños físicos, funcionales o psicológicos mediante el uso, vertido, aplicación o lanzamiento de ácidos, álcalis, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, reactivas, agentes químicos o cualquier otra sustancia. La pena propuesta es de 20 a 35 años de prisión y una multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, equivalente a hasta 113 mil 114 pesos.

Nelly Rivera Sánchez, diputada / Foto Especial

También se propone que esta pena se incremente en dos terceras partes, hasta 58 años y cuatro meses de prisión y 188 mil 522 pesos de multa, cuando la conducta provoque deformidad permanente, destrucción o pérdida total o parcial de función orgánica, mutilación, ceguera parcial o total o incapacidad permanente para el trabajo. Si las lesiones afectan el rostro, cuello, cabeza, manos, órganos sexuales o cualquier parte que comprometa funciones vitales o de movilidad, la pena se incrementará en una tercera parte. Además, cuando el delito sea cometido por un servidor público con abuso de funciones, la pena se aumentará en la mitad.

Asimismo, se contempla incorporar el Artículo 237 Sexies, que establecería que el personal de salud que atienda a víctimas de este tipo de lesiones estará obligado a prestar atención médica inmediata y prioritaria, conservar la evidencia clínica y biológica pertinente y notificar, en un plazo máximo de 24 horas, al Ministerio Público sobre la atención prestada, aportando el expediente clínico y los dictámenes necesarios para la investigación.

La legisladora comentó que en México no existe un registro oficial exhaustivo sobre el número de víctimas de ataques con ácido, pero la documentación realizada por sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil da cuenta de al menos 34 ataques en las últimas dos décadas, principalmente en:

Ciudad de México
Puebla
Estado de México

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La evidencia revela patrones constantes, como el hecho de que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes (entre 20 y 30 años); en el 94 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres, y en el 87 por ciento, los agresores son hombres; en casi la mitad de los casos, el agresor es o fue pareja o expareja de la víctima; y muchas agresiones ocurren en espacios que deberían ser seguros, como el hogar, el lugar de trabajo o la vía pública.

Recientemente, esta es la segunda ocasión en que el Congreso local intenta legislar sobre el tema. La primera fue en febrero de 2024, cuando la Fundación Carmen Sánchez presentó una iniciativa para construir la Ley de Violencia Química, respaldada por el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI). Esta fue analizada por diversas instancias, entre ellas el Poder Judicial del Estado de México, la Consejería Jurídica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las secretarías de Seguridad, Trabajo, Salud y Mujer, así como la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, la propuesta no se materializó y quedó solo en un buen intento.