Toluca, Méx.- Para garantizar que la maternidad no sea objeto de lucro en el Estado de México, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y sancionar de seis a 12 años de prisión y de 500 a mil 500 días multa a quien, por sí o por interpósita persona, ofrezca, gestione, promueva, intermedie o contrate servicios de gestación subrogada, con fines comerciales.
Además, se establecería que, si el sujeto activo es persona servidora pública, profesional de la salud, o forma parte de una clínica, agencia o entidad dedicada a la intermediación reproductiva, la pena será de nueve a 18 años de prisión y de 500 a dos mil días multa; cuando la mujer gestante se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, social o de salud, será una agravante y la pena se incrementará hasta en una mitad; y se especifica que en ningún caso se sancionará penalmente a la mujer que haya sido inducida o coaccionada para participar en un proceso de maternidad subrogada.
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La propuesta impulsada por la panista Johanna Felipe Torres también reforma el Código Civil en donde define que se entenderá por maternidad subrogada con fines comerciales la práctica mediante la cual una mujer gesta un embarazo con el propósito de entregar a la niña o niño recién nacido a otra persona o pareja, a través de una contraprestación económica y señala que las y los jueces, de tener conocimiento de hechos de esta naturaleza, deberán dar vista inmediata a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para los efectos legales conducentes.
También la propuesta impactaría en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, pues establecería en el Artículo 27 que los Gobiernos Estatal y municipales, deberán: implementar programas de prevención, información y sensibilización sobre la explotación reproductiva y garantizar atención integral, psicológica, médica y legal a las mujeres que hayan sido objeto de esta.
Con esta propuesta se cubre el vacío normativo que plantea riesgos como permitir que contratos privados sin supervisión estatal determinen el destino de niñas y niños antes de su nacimiento; coloca a mujeres gestantes en situaciones de vulnerabilidad jurídica y social; profundiza desigualdades estructurales y perpetua violencias contra las mujeres, al convertir el embarazo en un servicio.
"La presente iniciativa no pretende obstaculizar el deseo legítimo de formar una familia, sino evitar que esa aspiración se concrete bajo un esquema de mercado o contrato que afecte a las mujeres o a los menores, la maternidad subrogada con fines comerciales es considerada una forma de explotación, por ello, se equiparan las penas con las señaladas para el delito de trata de personas", señaló en su exposición.
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