Toluca, Méx. - El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, Alberto Gándara Ruiz Esparza, anticipó que promoverán una iniciativa para que cada uno de los 125 municipios esté obligado a instalar un Comité de Control y Desempeño Institucional.
Para lograrlo, plantearán reformas a la Ley Orgánica Municipal con el fin de establecer dicha obligación y especificar que su función será dar seguimiento a situaciones de riesgo de corrupción y a incumplimientos normativos o de metas.
Con la propuesta se busca reforzar la prevención, ya que los modelos de control interno pretenden generar un programa e identificar riesgos. Esto permitirá dar seguimiento, año tras año, a los mecanismos en los que pueden existir riesgos. Hasta el momento, el estado ha impulsado este tema de manera proactiva desde hace algunos años; sin embargo, a nivel municipal no existe como una obligación”
Alberto Gándara Ruiz Esparza
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Aclaró que estos comités serían independientes de los CPC municipales, los cuales aún no logran su conformación plena ni su mantenimiento sostenido, ya que 33 sistemas enfrentan un riesgo medio y alto de desaparecer, mientras que cuatro se han desinstalado: Almoloya del Río, El Oro, Juchitepec y Temascaltepec.
Por otra parte, Alberto Gándara recordó que, por impulso del CPC, recientemente se presentó ante el Pleno una iniciativa que tiene como finalidad promover una metodología de integridad en el servicio público.
Esto implica que las personas cambien su mentalidad para generar autoconciencia sobre el buen comportamiento desde el origen y que la integridad se vuelva obligatoria, mediante su incorporación en una ley con los principios que rigen el servicio público”
Alberto Gándara Ruiz Esparza
La propuesta de Ley de Integridad Pública, cuyo objetivo es garantizar la debida actuación de las personas servidoras públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos y de cualquier ente público estatal y municipal, ya fue turnada a comisiones para su análisis correspondiente. Consta de 44 artículos y seis títulos.
Este nuevo ordenamiento contempla la impartición de capacitación anual obligatoria en materia de integridad, ética pública, conflictos de interés y responsabilidades administrativas, así como campañas de difusión de valores públicos. También establece obligaciones de integridad en contrataciones públicas, por lo que toda contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios deberá contar con estudios de mercado basados en fuentes verificables, acreditar la pluralidad de oferentes, incluir análisis de precios históricos y evitar cotizaciones simuladas.
Asimismo, prohíbe fraccionar contratos para evadir procedimientos de licitación y obliga a publicar de forma abierta convocatorias, actas, dictámenes, contratos, convenios modificatorios, estimaciones y pagos.
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