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Toluca, Méx. Ante la necesidad de agravar el delito de despojo en el Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez informó que si bien, son tres las iniciativas presentadas en el Pleno, impulsadas por Morena y Movimiento Ciudadano, están en espera de que el Ejecutivo presente la propia para analizarlas en conjunto.
Anticipó que su análisis no será menor, pues habrá de intervenir no sólo el Legislativo, también el Ejecutivo y la propia Fiscalía General de Justicia para fijar acciones que beneficien a los poseedores de los inmuebles, endurecer penas para quienes cometen el delito y también sancionar a los servidores públicos omisos o han participado en su comisión.
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Estamos esperando una iniciativa de la gobernadora, es necesario hacerla para sacar una más robusta y fuerte. Saldría en periodo extraordinario”, comentó.
Tipificación actual del despojo
El Código Penal del Estado de México contempla el delito de despojo en su artículo 308, la que sanciona con penas entre uno y cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa; sin embargo, ante el incremento en el número de casos, los legisladores locales han planteado la necesidad de adecuar el marco legal, facilitar la denuncia y establecer penas ejemplares.
Iniciativas presentadas
Existen tres iniciativas; dos presentadas por Morena y una por la bancada de Movimiento Ciudadano.
La propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) se encamina a que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de los cinco a los 10 años de prisión cuando se realice en cinco escenarios específicos.
Además, propone agilizar los procedimientos judiciales para la restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad del inmueble.
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La iniciativa de José Miguel Gutiérrez Morales (Morena) es sancionar el delito sin importar si el derecho a la posesión de lo usurpado sea dudosa o esté en disputa, con penas de hasta 17 años de cárcel y 678 mil 840 pesos; propone ampliar los supuestos jurídicos en este delito, al reconocer, además de los vigentes, el desvío o uso de aguas propias o ajenas.
La bancada de Movimiento Ciudadano formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días multa a la persona responsable de este delito, con penas agravadas cuando se trate de la ocupación de inmuebles destinados a la vivienda o a la explotación agrícola y cuando se afecten a personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.
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