Toluca, Méx. - Hasta seis años de prisión o multas de 200 días pueden imputarse a quienes distribuyan agua potable de forma irregular en el Estado de México, ya sea a través de pipas sin permiso, o utilizando tomas de agua clandestinas.
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De acuerdo con el Código Penal de la entidad, en su artículo 145, las sanciones por la distribución del agua potable sin los permisos correspondientes van de desde los dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 días; en tanto, que la sanción por usar una fuente de agua no autorizadas es de uno a tres años de cárcel y multas de 25 a 100 días.
La Operación Caudal desplegada la semana pasada por el Gobierno del Estado de México en coordinación con autoridades federales y municipales para cerrar pozos y tomas clandestinas de agua, permitió el aseguramiento de 51 pozos, 138 tomas clandestinas y 322 pipas que eran utilizadas para la distribución y venta irregular del agua en 48 municipios del Estado de México.
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Este operativo provocó que, desde las primeras horas de este lunes, grupos de piperos bloquearan importantes vialidades de la entidad en respuesta al cierre de pozos y tomas clandestinas de agua que eran utilizadas para vender el líquido de forma ilegal, a sobreprecios y sin ser potabilizada.
Gracias a diversas investigaciones con base en denuncias ciudadanas e información del Centro Nacional de Inteligencia se logró detectar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna, así como redes ilícitas donde se hurtaba el líquido y posteriormente era comercializado con tarifas abusivas para la población, principalmente de zonas en donde es contante la escasez del líquido.
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