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Toluca, Méx. - Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Procuración de Administración de Justicia aprobaron expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, el que la extorsión se persiga de oficio y reformas para que se atienda con un enfoque prioritario y diferenciado el “cobro de piso”.
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Durante la reunión de análisis y dictaminación de las propuestas, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial ‘Gaceta de Gobierno’ informó que la propuesta del Ejecutivo deroga el delito de extorsión previsto en el artículo 266 del Código Penal del Estado de México, toda vez que se homologará a nivel nacional el tipo penal y sus sanciones.
Con ello, el Estado debe enfocarse en la parte de prevención, atención y combate al delito, de ahí la expedición de una nueva ley que contempla además la creación de un Consejo Estatal que será quien determinará las directrices, los lineamientos y la estrategia en el estado para disuadir el delito; y se crea en ley la Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados y Secuestro.
“Todas las instituciones de seguridad tendrán que estar especializadas, capacitadas y profesionalizadas en materia de extorsión. En términos generales se busca tomar las obligaciones dispuestas en la Ley General, respaldarlas en la legislación local y derogar el tipo penal”, explicó.
El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) refirió que si bien, la FGJEM será quien investigue el delito, todas las instancias de gobierno deberán implementar acciones para prevenir la práctica.
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La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) señaló que entre 2019 y 2024 la entidad acumuló cerca de 20 mil carpetas de investigación por extorsión, y uno de los principales problemas asociados al delito es la llamada ‘cifra negra’ ya que más del 90 por ciento de los casos no se denuncia, principalmente por miedo a represalias, desconfianza institucional o percepción de ineficacia de las autoridades.
En este sentido, indicó que, si bien la armonización normativa permitirá alinear la legislación estatal con lo nacional, reduciendo vacíos legales entre autoridades federales y estatales, se prevé riesgo de una burocratización innecesaria que abonará a la no denuncia.
De igual manera, la comisión avaló la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI para reformar diversas disposiciones para combatir, con un enfoque prioritario y diferenciado el llamado “cobro de piso”, la cual contempla que dentro de los municipios se constituyan unidades especializadas que combatan el delito.
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