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Toluca, Méx.- El Congreso Local presentó, discutió y aprobó de manera unánime la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas alcanzan hasta los 12 años de prisión quien cometa el delito.
La iniciativa enlistada de urgente y obvia resolución, explicó que, en la legislación penal del Estado de México, esta conducta se configura actualmente bajo el requisito de la reiteración, lo que exige que el acto se repita en más de una ocasión para poder ser sancionado, lo cual deja sin protección efectiva a víctimas que han sufrido un evento único, pero lesivo de naturaleza sexual.
La reiteración como elemento típico no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que desincentiva la denuncia temprana, pues obliga a la víctima a tolerar y documentar agresiones adicionales para que la autoridad pueda actuar”
precisa el documento
Por lo que reconocer que un solo acto baste para configurar acoso sexual, permitirá garantizar un acceso más efectivo a la justicia, evita interpretaciones restrictivas del tipo penal y envía un mensaje claro de intolerancia hacia cualquier conducta que atente contra la integridad sexual y la dignidad humana.
Así, la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso Local reforma el artículo 269 Bis del Código Penal del Estado de México para establecer que cometerá el delito de acoso sexual, quien realice una conducta de naturaleza sexual no consentida a persona de cualquier sexo, que lesione su dignidad o que sea indeseable para quien la recibe, cometiéndose en lugares públicos, en instalaciones o incluso vehículos destinados al transporte público, imponiéndose una pena de 1 año a 4 años de prisión y de 100 a 300 días de multa.
Sin embargo, este artículo refiere que si el pasivo del delito es menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se incrementará en un tercio, pudiendo alcanzar los 5 años con cuatro meses y 400 días multa, aunado a ello, si la conducta se realiza de manera reiterada, la pena se incrementará en una mitad, pudiendo llegar, en su cúmulo, hasta los 8 años de prisión.
Además, el Código Penal establece que, tratándose de una persona servidora pública de institución educativa pública o personal que se desempeñe en institución educativa privada y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, la sanción alcanzará los 12 años de prisión y será inhabilitada para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a 10 años.
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Por otro lado, la propuesta de la gobernadora refiere que quien sea integrante de instituciones policiales, de procuración o administración de justicia que se niegue a recibir la denuncia de la víctima, o la persuada, disuada o intimide para no interponerla, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días multa, además de la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta, para ejercer empleo, cargo o comisión públicos.
Una vez aprobada, se enviará al Ejecutivo para que se publique en Gaceta de Gobierno y pueda ser efectiva.
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