Toluca, Méx. — Actualmente, 19 menores permanecen con sus madres al interior de los Centros Penitenciarios del Estado de México. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, los hijos de mujeres privadas de la libertad pueden permanecer con ellas hasta los tres años de edad, con el objetivo de garantizar su desarrollo integral.
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Por esta razón, el estado debe asegurar su interés superior mediante atención pediátrica, alimentación adecuada, recreación y espacios para actividades didácticas.
En cumplimiento del principio de interés superior de la niñez, se coordinó el egreso de 13 infantes a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Estos menores, al cumplir la edad límite establecida, fueron separados de sus madres, quienes se encuentran cumpliendo sentencias por la comisión de diversos delitos.
Como parte del Segundo Informe de Gobierno, se dio a conocer que, para atender las necesidades básicas de las infancias que aún permanecen en centros penitenciarios, se entregaron 40 kits con alimentos, ropa y artículos de higiene.
Paralelamente, el sistema penitenciario estatal mantiene en operación seis “bebetecas”, espacios equipados para la estimulación oportuna. Además, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec cuenta con un área de visitas infantiles al aire libre, que promueve el vínculo familiar en condiciones dignas y seguras.
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Asimismo, como parte de las acciones dirigidas a las mujeres privadas de la libertad y a sus hijas e hijos, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, se logró la liberación de 28 mujeres mediante beneficios preliberatorios. Estas liberaciones se realizaron en los penales de Tlalnepantla de Baz (10), Almoloya de Juárez (7), Nezahualcóyotl Sur (7), Nezahualcóyotl Bordo (2), Ecatepec (1) y Chalco (1).
De manera general, en los 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, así como en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”,
donde actualmente se encuentran 37 mil 117 personas privadas de la libertad (PPL), se otorgaron mil 739 beneficios jurídicos. Además, más de 22 mil personas participaron en actividades productivas de autoempleo, mil 753 recibieron remuneración por su trabajo en talleres, y más de 16 mil cursaron estudios de alfabetización y otras alternativas pedagógicas.
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