Toluca, Méx. El mecanismo que ha abierto el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar viviendas ocupadas de las que no se tengan documentos legales que certifique la pertenencia, solo premia la ilegalidad y castiga el estado de derecho.
Así lo reprocharon organismos empresariales quienes se pronunciaron en contra de la propuesta anunciada en días pasados por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
A través de un pronunciamiento conjunto organismos como la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) externaron su desaprobación al proyecto.
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El sector económico expuso que esta medida contradice el mandato legal del instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. Reiteraron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
Esta medida no solo atenta contra el estado de derecho, sino que además pone en riesgo los ahorros de millones de trabajadores
Al respecto trabajadores cuestionados por el Universal Estado de México expresaron a la par su reprobación hacia este tipo de proyectos que se asegura beneficia al base trabajador, pero alienta a su vez las malas prácticas.
El mensaje es claro: si tomas una casa, tarde o temprano te la van a vender barata, y nosotros, los que hemos trabajado años para pagarla
Laura Jiménez, empleada administrativa
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Las viviendas recuperadas, reprochan, no son propiedad del Infonavit como tal, sino que forman parte del patrimonio de los trabajadores acreditados que, por distintas circunstancias, mantienen pagos pendientes o han dejado de cumplir con sus obligaciones, pero siguen siendo los titulares legales.
Lo que más preocupa, tanto a empresarios como a trabajadores, es que este esquema permitiría a los ocupantes adquirir las viviendas a precios muy por debajo de su valor real, generando un precedente peligroso.
De acuerdo con cifras de la propia Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento de un universo de 843 mil el 86 por ciento están habitadas por personas que no tienen ningún vínculo legal ni con el Infonavit ni con los propietarios originales.
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