Toluca, Méx. Empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del valle de Toluca sostuvieron un encuentro de trabajo con representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezados por Gabriela Barrón Mijares, titular de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) en la zona metropolitana.
Durante la reunión, los comerciantes externaron sus inquietudes sobre los procedimientos de verificación y los alcances legales de los inspectores, una de las principales dudas fue cómo identificarlos de forma segura y evitar abusos o fraudes.
El sector comercial expresó temor dado que se han presentado casos de personas que, haciéndose pasar por personal de Profeco, han extorsionado a negocios establecidos.
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Al respecto, la funcionaria federal detalló los elementos básicos para identificar a los servidores públicos:
Ante la inquietud de los empresarios, estableció que ninguno de estos funcionarios puede solicitar pagos en efectivo o especie, ya que solo están acreditados para realizar las verificaciones.
Los empresarios señalaron que muchas inspecciones provienen de denuncias anónimas que, en ocasiones, resultan infundadas, pero generan temor entre los locatarios.
“Hay veces que los verificadores llegan como si uno fuera culpable de algo sin siquiera verificar antes si la queja es legítima”, comentó uno de los comerciantes.
Al respecto, Barrón Mijares explicó que las denuncias anónimas son una figura legal a nivel federal; tema en el que ofreció un canal directo de comunicación con el sector local para cuando éstas se presenten.
“Estamos proponiendo un canal directo con representantes de cada giro comercial, si llega una queja, podemos verificarla con ustedes antes de actuar, la idea es arreglar, no sancionar arbitrariamente”, sostuvo.
Durante el encuentro también dejó en claro los límites legales de la Profeco, al reiterar que no puede intervenir un comercio sin justificación legal.
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Para finalizar, detalló que además de la orientación y conciliación en línea o presencial, se han implementado conciliaciones domiciliarias para resolver conflictos con mayor rapidez para proteger al consumidor, pero sin romper la relación con el proveedor.
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