Ecatepec, Méx.- La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) expresó su respaldo al Plan B de la reforma electoral que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, que propone limitar el número de regidores en los ayuntamientos del país y establecer un tope al presupuesto por legislador en los congresos estatales.
Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la organización empresarial, señaló que México cuenta con más de dos mil ayuntamientos y que resulta viable revisar la integración de esos cabildos. En varios casos, el gasto que representan los regidores resulta desproporcionado en relación con la población y las necesidades reales de los municipios.
"Es una propuesta más mesurada, congruente y democrática con respecto a la propuesta original, y viable pues en muchos ayuntamientos del país es excesivo el número de regidores", afirmó Cuevas Dobarganes.
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La medida busca fijar un máximo de entre siete y 15 regidores por ayuntamiento, según el tamaño del municipio, con el objetivo de contener el crecimiento desmedido de las nóminas municipales en entidades donde el número actual supera ese umbral.
Al mismo tiempo, el Plan B establece un límite al gasto de los congresos locales, con el propósito de eliminar las diferencias marcadas que existen hoy: mientras algunos legisladores locales cuestan más de 30 millones de pesos al año, otros operan con apenas cinco millones.
De acuerdo con estimaciones oficiales, estas restricciones podrían generar un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos. Cuevas Dobarganes reconoció que esa cifra no representa un monto significativo frente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que supera los 10 billones depesos, pero lo consideró un paso relevante para fomentar la conciencia sobre el uso responsible de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.
"La propuesta es positiva, ya que busca eliminar la disparidad en el gasto por legislador entre los congresos locales", añadió el dirigente industrial. La Unidem evaluó que el Plan B constituye una alternativa razonable que no compromete los principios democráticos y que aporta beneficios concretos en términos de eficiencia administrativa.
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