Toluca, Méx.- Líderes empresariales solicitaron al gobierno municipal de Toluca clarificar la metodología bajo la cual se aplica a unidades económicas el concepto de cobro por descargas de aguas residuales y sostener una mesa de diálogo para plasmar la realidad que vive el desarrollo económico de la capital mexiquense.
Titulares y representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, de la Asociación de Estacionamientos del Valle de Toluca, Coparmex Estado de México y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) del Valle de Toluca, afirmaron que su postura no es de confrontación y tampoco están en contra de cumplir con las disposiciones aplicadas, lo que piden es revisar la manera en cómo se aplica el cobro y diferenciar el pago entre las pequeñas y las grandes unidades económicas.
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A través de una conferencia de prensa, indicaron que el cobro debe aplicarse bajo criterios de gradualidad, transparencia y proporcionalidad para no afectar a los pequeños negocios, pues aseguran que son los comercios formales a quienes más se les perjudica al aumentarles las cargas fiscales.
“La legalidad y la protección ambiental deben aplicarse con criterios generales, equitativos y sin excepciones que generen una percepción de trato desigual. Hacemos un llamado a la conciencia, al diálogo y la construcción de un esquema que considere la viabilidad de cada unidad económica, la capacidad de pago de cada una, las características efectivas de sus descargas y su aportación social, cultural y económica”, indicó James Marín Noriega, presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca.
Verónica Valdés, representante de Concaem sostuvo que el cobro es amparado por el artículo 129 y 136 del Código Financiero del Estado y sus Municipios; sin embargo, en el caso específico de Toluca se estableció un tope 61 por ciento sobre el costo del servicio de agua.
Los empresarios y Norma Flores Zavala, primera delegada del Centro Histórico de Toluca, señalaron que el aviso del cobro que pretende ser retroactivo y aplicarse del año 2025 a la fecha, establece el porcentaje máximo del cobro, pero no establece si la medida será general o si se diferenciará el pago dependiendo de criterios como el tamaño de la unidad económica, el nivel de cumplimiento, la posibilidad de pago, entre otros.
“Nos ponen en desventaja competitiva con los comercios establecidos en municipios vecinos, la medida genera desigualdad y pone en riesgos a pequeños comercios”, resaltó Verónica Valdés.
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